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Una larga investigación de la Fiscalía logró llevar a juicio oral por delito tributario al contador de Talca Juan Carlos San Cristóbal Cisterna, de 57 años de edad, y luego de la presentación de pruebas lograr su condena por este ilícito que causó un perjuicio fiscal cercano a los 10 millones de pesos, afectó a cuatro contribuyentes que contrataron su asesoría profesional e involucró montos cercanos a los 60 millones de pesos.

El fiscal a cargo de la indagación, Miguel Ángel Orellana, explicó que se trata de “un contador que hacía análisis contable y presentación de documentación en el Servicio de Impuestos Internos a distintos contribuyentes. Se aprovechaba del nombre de contribuyentes para los que trabajaba, duplicó facturas de esos contribuyentes para vendérselas a otros para los que también trabajaba. Entonces las personas cuyo nombre utilizaba no tenían conocimiento que sus facturas o el nombre de sus empresas estaban siendo utilizados para estos fines ilícitos. De hecho había gente de Chillán, Santiago y de Talca”.

Los hechos investigados ocurrieron entre los años 2002 y 2003, por los cuales el Servicio de impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en contra de San Cristóbal Cisterna.

Durante la investigación la Fiscalía realizó pericias caligráficas que probaron que el propio imputado era quien escribía las facturas. Se acreditó la existencia de 18 facturas, incluso con timbre y cuño falso del SII. Esos antecedentes fueron expuestos en el juicio oral, instancia en la que el imputado declaró reconociendo su participación en los delitos.

De acuerdo a su extracto de filiación y a la declaración del imputado en el juicio en la que explicó la forma como llenaba las facturas, el tribunal reconoció las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración en la investigación sentenciándolo a cumplir tres años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena. A ello se suma una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

La causa fue investigada por la Unidad de Casos de Alta Prioridad, creada por el Fiscal Regional Mauricio Richards y cuyo coordinador es el fiscal Miguel Ángel Orellana.